El cubito de caldo que explica el capitalismo español y la burguesía catalana: historia de la familia Carulla

Hay pocos objetos que expliquen tan bien el capitalismo español del siglo XX como un cubito de caldo. Mide dos centímetros, pesa unos gramos y nació en una Barcelona de 1937 donde escaseaban la carne, el carbón y casi todas las certezas. Mientras media España discutía quién iba a ganar la guerra, un joven licenciado en derecho que preparaba oposiciones a notario encontró su batalla en otro sitio: en aquello que había desaparecido de los estantes. Fue el primer síntoma de un talento que Lluís Carulla ejercería durante 40 años y que sus herederos siguen ejerciendo hoy, la capacidad de leer hacia dónde se movía el país antes de que el país mismo lo supiera.

Contar la historia de los Carulla como la biografía de un empresario de éxito sería quedarse con la superficie. Bajo la historia de unos cubitos de caldo se esconde una historia aún más interesante, la de una burguesía que convirtió la anticipación económica en una forma de ejercer influencia política sin necesidad de gobernar.

El hueco que dejó Maggi

Antes de la guerra, España consumía cubitos de caldo suizos. La casa Maggi, fundada a finales del XIX por un molinero convertido en visionario de la alimentación industrial, llevaba décadas distribuyendo en el país más de 150 millones de unidades al año. La Guerra Civil y la interrupción del comercio internacional hicieron desaparecer de golpe aquellos cubitos del mercado español. Donde el resto de comerciantes veía una privación más del racionamiento, Carulla encontró un mercado vacante.

Lo que Carulla trajo al país en 1937 era, en rigor, esa misma revolución con más de cincuenta años de retraso

Con el dinero prestado por su madre, montó una pequeña fábrica en Barcelona. El producto salió bajo el nombre de Gallina d’Or y pronto se rebautizó como Gallina Blanca, una marca destinada a instalarse en la memoria sentimental de varias generaciones de españoles. Lo hizo, además, pese a un detalle que pocos consumidores llegaron a conocer: aquellos cubitos apenas contenían gallina, porque se elaboraban fundamentalmente con carne de vacuno argentino. El talento de Carulla no residió tanto en la receta como en lo que hoy llamaríamos construcción de marca.

Cuando la guerra se acercaba a su fin y la victoria franquista parecía inevitable, Carulla tomó una decisión que dice mucho de su forma de entender los negocios. Según recuerdan quienes reconstruyeron aquellos primeros años de la empresa, prefirió gastar buena parte de la moneda republicana que aún conservaba en publicidad antes que verla convertirse en papel sin valor. Terminó la contienda con poco dinero en caja, pero con una marca mucho más conocida que la de sus competidores. Era una operación arriesgada, aunque también una declaración de principios: antes que acumular efectivo, prefería acumular notoriedad.

Maggi no había inventado un condimento; había descubierto un mercado gigantesco detrás de un problema de salud pública

El gesto de Carulla no fue una ocurrencia aislada, sino la llegada tardía de una revolución que en el resto de Europa llevaba décadas gestándose, y que en su origen ni siquiera nació como negocio. En los primeros años de la década de 1880, un médico llamado Fridolin Schuler, vinculado a una sociedad suiza dedicada al bienestar de la población trabajadora, venía denunciando que la desnutrición de los obreros industriales explicaba buena parte de la mortalidad infantil y las enfermedades del país. Julius Maggi, un molinero con inquietudes empresariales, coincidió con él en 1882 y encontró en aquel diagnóstico algo más que un problema sanitario: una oportunidad de negocio esperando a ser fabricada.

De aquel encuentro salieron primero unas harinas de legumbres pensadas para alimentar a la clase obrera de forma barata y nutritiva, y pocos años después el caldo concentrado que acabaría dando nombre a la marca. Maggi no había inventado un condimento; había descubierto que detrás de un problema de salud pública había un mercado gigantesco. Sin proponérselo necesariamente, también había creado un producto que terminaría encajando en una sociedad donde las mujeres dispondrían de cada vez menos tiempo para cocinar. Italia hacía algo parecido con la pasta seca, Francia con el extracto de carne. España, mientras tanto, seguía siendo hasta bien entrada la posguerra un país donde la sopa se cocía durante horas sobre un fogón de carbón. Lo que Carulla trajo al país en 1937 era, en rigor, esa misma revolución con más de 50 años de retraso, adaptada con una puntería local notable a un país que salía de una guerra y entraba en una dictadura.

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Ahí, y no solo en el producto, está quizá lo más interesante de la primera etapa. Carulla fue de los primeros empresarios españoles en patrocinar programas de radio cuando la radio empezaba a convertirse en el gran medio de masas del país, y organizó concursos populares para que fueran los propios oyentes quienes propusieran los eslóganes publicitarios de la marca. Mientras él firmaba las campañas, su esposa, María Font, sostenía la producción industrial. Entre 1945 y 1954 la empresa imprimió más de cinco millones de cromos coleccionables, con series dedicadas a la granja, el boxeo, el ciclismo, la guerra o el cine de Hollywood.

Hubo que crear un departamento entero solo para gestionarlos, algo insólito en la publicidad española de aquellos años. Es fácil imaginar la escena que se repitió miles de veces en los patios de colegio de la posguerra: un niño cambiando un cromo de boxeo por uno de ciclismo sin saber que estaba participando, sin quererlo, en uno de los primeros experimentos de fidelización de marca del país. Aquella estrategia se adelantaba varias décadas a lo que el marketing contemporáneo bautizaría con ese nombre.

Anticipar el país que todavía no existía

Cuando en 1954 lanzó Avecrem, Carulla ya no vendía un cubito concentrado, acompañaba un proceso de modernización que apenas empezaba a insinuarse. Cinco años después, el Plan de Estabilización de 1959 abrió definitivamente una economía que llevaba dos décadas encerrada sobre sí misma. España empezó a llenarse de frigoríficos, supermercados y electrodomésticos; el consumo alimentario cambió de escala y los productos preparados dejaron de ser una rareza urbana para convertirse poco a poco en un hábito cotidiano. Cuando ese país empezó a existir, Carulla llevaba años construyendo una empresa preparada para abastecerlo.

Supo leer que la salida lenta de la autarquía traería consigo más consumo eléctrico, más vivienda y más crédito, porque entró en generación de energía, construcción y préstamos casi al mismo tiempo que esas tendencias se insinuaban. Su trayectoria sugiere también que anticipó la incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral y la consiguiente reducción del tiempo disponible para cocinar. Levantó fábricas de conservas y extractos vegetales antes de que ese negocio tuviera nombre genérico. Diversificó hacia el caramelo, el regaliz, la papilla infantil, la potabilización del agua y hasta la higiene íntima femenina con Evax. En 1963 fundó Gallina Blanca Purina junto a la estadounidense Ralston Purina para asegurarse el suministro de pienso (semilla de lo que hoy es Affinity Petcare) y dos años después reunió todo el entramado bajo un nombre que no existía todavía en la industria alimentaria española: Agrolimen, el primer gran holding del sector en el país.

En 1961 fundó Òmnium Cultural, entidad hoy convertida en uno de los motores del independentismo

La granja modelo que levantó en Tortosa, con viviendas para los empleados y centro de investigación propio, da una idea de a qué escala operaba ya entonces. Más que una fábrica, era un pequeño ecosistema industrial autosuficiente, construido en pleno racionamiento.

La familia pareció prever también el baby boom de los sesenta y lanzó los pañales Dodot antes de que la curva demográfica fuera evidente para nadie más. Ninguna crisis frenó ese apetito expansivo. El petróleo de 1973 encareció la producción ganadera y golpeó de lleno a Purina, y Agrolimen respondió fabricando pienso para conejo en cuanto advirtió que las familias españolas sustituían la carne cara por la barata. El 11-S y el desplome financiero latinoamericano de comienzos de siglo les sirvieron para comprar activos de competidores en apuros, desde la congeladora La Sirena hasta la panificadora Europastry. Y cuando en 2007 se fusionaron con su viejo rival Starlux, entonces propietario de Nocilla, el grupo alcanzó la dimensión internacional con la que Carulla parecía soñar medio siglo antes.

Maridaje incómodo con el franquismo

La capacidad de leer el futuro explica buena parte del éxito de los Carulla, pero no lo explica todo. La otra mitad de la historia obliga a mirar de frente la relación entre la gran empresa catalana y el franquismo, un terreno donde los relatos simplificados suelen resultar tan cómodos como engañosos.

Terminada la Guerra Civil, Maggi intentó recuperar su cuota de mercado en España y se topó con el ideal autárquico del régimen, que prefirió blindar a una empresa nacional antes que devolver el mercado a una multinacional suiza. Gallina Blanca recibió el encargo de fabricar 500 millones de cubitos al año, y el franquismo le abrió puertas que a otros les estaban vedadas: relajación de trabas urbanísticas, ayudas técnicas para la granja de Tortosa y permisos de importación de materias primas en un país que racionaba casi todo. Carulla convirtió Gallina Blanca en un emporio internacional en una época en la que ninguna licencia de exportación se conseguía sin el visto bueno del régimen. Fue también el resultado de haber sabido desenvolverse con eficacia dentro del régimen vencedor, como hicieron muchos industriales catalanes que la historiografía económica lleva décadas documentando bajo una etiqueta bastante menos épica que las biografías empresariales, hablamos de la llamada «burguesía colaboracionista«.

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Precisamente por eso resulta interesante lo que Carulla hizo en paralelo con su fortuna. En 1961 fundó, junto a otros cuatro empresarios catalanes, Òmnium Cultural, entidad hoy convertida en uno de los motores del independentismo, con la misión declarada de proteger la lengua y la cultura catalanas frente a la dictadura.

Es fácil imaginar la escena: cinco hombres de negocios, trajeados, reunidos en el despacho de alguno de ellos o en un piso discreto del Eixample, firmando los estatutos de una entidad dedicada a salvar la lengua catalana mientras, en la agenda de cada uno, esa misma semana figuraba también alguna gestión pendiente con un ministerio, un permiso de importación o una licencia municipal. No hay ningún indicio de que vivieran esa doble agenda como una tensión. Todo apunta a que la vivieron, sencillamente, como dos reuniones distintas de la misma jornada laboral. La propia entidad cultiva desde hace décadas un relato fundacional que roza la resistencia clandestina, la documentación disponible sugiere otra cosa.

Los cinco fundadores eran industriales con relaciones fluidas con el régimen, y uno de ellos, Joan Baptista Cendrós, llegó a definirse abiertamente como fascista catalán ante sus interlocutores franquistas. El propio Josep Tarradellas, presidente catalanista de la Generalitat en el exilio y por tanto figura poco sospechosa de españolismo, dejó escrita en 1965 una carta demoledora sobre el asunto: les reprochó a este grupo de comportarse como catalanistas en Barcelona y franquistas en Madrid, de haberse enriquecido con la dictadura y de disfrazar de cultura lo que en realidad era una política pensada para proteger sus fábricas.

Una tradición, no una anomalía

Lo que hizo Carulla en 1961 no fue una invención suya, ni siquiera una singularidad de la Cataluña de posguerra. Fue la repetición de un patrón que la alta burguesía catalana llevaba practicando desde el siglo anterior.

José Antonio Muntadas, alma de aquella empresa, llegó a definir el trabajo como «el elemento moralizador de los pueblos»

40 años antes, Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista y ministro de Hacienda con Alfonso XIII, había financiado de su propio bolsillo la Fundació Bernat Metge, dedicada a traducir a los clásicos griegos y latinos al catalán, con la ambición de dotar a la lengua de una tradición humanística comparable a la francesa o la inglesa. El mismo Cambó que en 1919, ante el auge sindical y el pistolerismo en Barcelona, pidió personalmente al Gobierno el nombramiento del general Martínez Anido como gobernador civil, tolerando la represión más dura contra el movimiento obrero catalán, y que llegó a patrullar las calles armado con un fusil junto al Somatén.

Y antes incluso que Cambó, el patriarca Eusebi Güell había perfeccionado ya la fórmula completa. Mecenas de Antoni Gaudí, financiador de algunas de las obras que hoy definen la identidad simbólica de Barcelona ante el mundo, Güell recibió en 1908 de manos de Alfonso XIII el título de conde de Güell, en pago explícito por su contribución al engrandecimiento económico de España. Años después, sus herederos regalarían a la Corona el terreno sobre el que se levantaría el Palacio Real de Pedralbes. El mismo hombre que financió el modernismo catalán construyó, al mismo tiempo, un vínculo personal e hipotecado de gratitud con la monarquía que lo ennoblecía. Para buena parte de la alta burguesía catalana del siglo XX, catalanismo cultural y proximidad al poder de turno parecen haber sido, más que proyectos enfrentados, dos caras de la misma defensa de un statu quo social del que ellos eran los principales beneficiarios.

Reducir a Carulla a un beneficiario del franquismo sería tan simplista como convertirlo en resistente antifranquista

La familia Muntadas, pionera de la industria textil catalana con La España Industrial ya en 1847, ofrece una variante más temprana y más puramente económica del mismo instinto. Un paternalismo industrial que exigía protección arancelaria del Estado a cambio de moralizar a los obreros desde la fábrica, sin necesidad todavía de mecenazgo cultural, porque en su época el catalanismo político ni siquiera había nacido como categoría. José Antonio Muntadas, alma de aquella empresa textil, llegó a definir el trabajo como «el elemento moralizador de los pueblos» en un discurso que hoy suena a manual de relaciones laborales del siglo XIX. Bastaba con financiar al Estado que les convenía, la causa identitaria todavía no hacía falta.

Y la familia Godó, propietaria de La Vanguardia desde 1881, cierra el círculo con una nitidez casi cómica. El primer conde de Godó recibió su título de Alfonso XIII en 1916. Su hijo, el segundo conde, fue procurador en las Cortes franquistas por designación personal de Franco durante dos legislaturas, participó en la redacción de la Ley de Prensa de Manuel Fraga y aplaudió en primera fila la inauguración de la SEAT en Barcelona. El tercer conde, ya en democracia, recibió del rey Juan Carlos I la dignidad de Grande de España en pago explícito a su fidelidad a la Corona.

Décadas después, cuando los Carulla lanzaron el diario Ara en catalán y le hicieron sombra en un terreno que Godó consideraba propio, el conde, molesto por la competencia, le espetó a un socio suyo una pregunta que resume mejor que cualquier tesis doctoral la relación de esta burguesía con la lengua que decía defender: «¿Qué os parecería si yo me pusiese a hacer sopicaldos?» Ni siquiera entre ellos, en la intimidad de una queja empresarial, la lengua catalana aparecía únicamente como una causa cultural. La anécdota sugiere que también podía percibirse como un espacio de competencia económica.

La gran burguesía catalana del siglo XX distinguió entre la política que convenía practicar y la que convenía subvencionar

Lo llamativo de estos cuatro casos (Cambó, Güell, Muntadas y Godó) no es que se parezcan entre sí en los detalles, que varían enormemente según la época y el régimen de turno. Lo llamativo es que ninguno de ellos parece haber vivido la tensión entre catalanismo y poder central como una contradicción que resolver, sino como dos negocios paralelos que gestionar con la misma frialdad. Uno dirigido al consumidor o al ciudadano catalán, y otro al poder que expedía licencias, concedía títulos o llenaba de subvenciones las páginas de un periódico. Carulla no rompió ese molde en 1961. Lo aplicó incluso bajo una dictadura que en teoría debía hacer imposible cualquier gesto catalanista, y salió de esa operación con la fábrica intacta y con una fundación cultural que sesenta años después sigue siendo una de las instituciones más influyentes de Cataluña.

Reducir a Carulla a un mero beneficiario del franquismo sería tan simplista como convertirlo en un resistente antifranquista de primera hora, que es el relato que la propia Òmnium sigue vendiendo en su web con tono de gesta. Ambas caricaturas fracasan porque prescinden de lo único que hace interesante esta historia: que perteneció a una generación de empresarios para quienes la política era, sobre todo, una variable de gestión. Colaborar con el poder no impidió financiar proyectos identitarios; más bien parece que ambas estrategias resultaban compatibles dentro de una misma forma de entender la empresa y la influencia social. Que esa combinación contribuyera también a preservar la posición económica e industrial de quienes la practicaban es una conclusión que la trayectoria de estas familias invita, al menos, a considerar.

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Nada de esto equivale a negar la aportación cultural real de Carulla, que fue notable y sostenida en el tiempo. La Fundación Jaume I, la editorial Barcino dedicada a traducir clásicos catalanes, el Museo de la Vida Rural en la casa familiar de Espluga de Francolí. Tampoco equivale a convertirlo en villano de cartón piedra, porque su instinto empresarial fue genuino y su lectura del país, poco común. Lo que exige la honestidad histórica es resistirse a los dos relatos fáciles y aceptar una conclusión más incómoda. La gran burguesía catalana del siglo XX distinguió durante generaciones entre la política que convenía practicar y la que convenía subvencionar.

Hay un detalle contemporáneo que termina de ilustrar esa lógica. La página corporativa de Gallina Blanca, la marca emblemática de una familia que durante más de seis décadas ha financiado algunas de las principales instituciones dedicadas a la promoción de la lengua catalana, sigue sin ofrecer una versión en catalán. Más que una contradicción, parece una consecuencia de la misma forma de entender la empresa: el negocio ha seguido hablando, ante todo, el idioma de sus consumidores.

Casi 90 años después de aquel primer cubito de caldo, con la tercera generación instalada en el consejo de Agrolimen y el grupo exportando a un centenar de países, esa lógica sigue intacta. Al fin y al cabo, los Carulla nunca hicieron fortuna defendiendo símbolos. La hicieron llegando siempre antes que los demás al país que estaba a punto de existir.